Un Tribunal Militar juzga a cinco cubanos que protestaron durante un apagón en Cienfuegos

El Tribunal Militar de la región de Cienfuegos juzgó este lunes a varios manifestantes de las protestas ocurridas en el Consejo Popular Covadonga, en el municipio Aguada de Pasajeros, durante un prolongado apagón ocurrido el 30 de julio del pasado año, informó Martí Noticias.

Se trata de Pedro Caride Santana, Marcos González Castro, José Armando Castañeda Terrer y Dagoberto Escobar Sosa, procesados por los presuntos delitos de "sedición y desacato". Mientras que Gianny Betancourt Leiva y Seify Carmona Méndez están acusados de los supuestos delitos de "sedición, desacato y sabotaje".

El delito de sedición comprende una condena máxima de diez años, el de desacato una sanción de un año de privación de libertad, y por el delito de sabotaje la sanción máxima es de diez años, señala la petición fiscal.

Según el medio estadounidense, otros implicados recibieron multas con elevadas sumas, pero no serán enjuiciados.

Sobre este juicio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, dijo que dos de los manifestantes que están siendo juzgados, Gianny Betancourt Leiva y Seify Carmona Méndez, pertenecen a su organización.

"El juicio es en la región central de Cienfuegos Militar, en Caonao, cerca del aeropuerto. Los familiares sí se dirigieron todos a Caonao, donde se encuentra el Tribunal y la Fiscalía Militar, dentro de una unidad militar", declaró De la Nuez.

Respecto a lo ocurrido en el poblado de Covadonga el 30 de julio del pasado año, el activista señaló: "El primer día arrestaron a más de 60 personas y en los días posteriores siguió la represión en el poblado. La cifra llegó casi a los 200 detenidos, porque la multitud que salió a protestar el día 30 de julio de 2022 fue inmensa".

"Su genio, su impotencia lo descargaron en contra de una tienda en moneda libremente convertible (MLC), pero no se robaron ningún artículo, simplemente lo que hicieron fue romper los artículos, y también una gran valla de más de seis metros que decía 'Bienvenido a Covadonga', con una imagen de Fidel Castro que fue totalmente destruida", dijo.

"No hay nadie que pueda decir quién entró a la tienda MLC, quién rompió un vidrio, porque no hay imágenes y la multitud era inmensa, parece que la culpa va a recaer sobre las personas que ellos creen son más desafectas al sistema", opinó el activista.

Abuso de poder, hambre, insalubridad y plagas en la cárcel de Mar Verde

Por su parte, Marta Hechavarría Castellanos, madre del preso político del 11J Enrique Ferrer Hechavarría, denunció a Martí Noticias que las autoridades de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, usan su poder para abusar de su hijo.

"Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de la prisión; directamente no, pero mandan a otros reos para que lo provoquen o lo agredan y se busque problemas", afirmó la madre.

En las prisiones, las bandas de reclusos comunes organizadas por los mandos del penal, supuestamente para imponer disciplina, usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la Seguridad del Estado o de los jefes penitenciarios.

Ferrer Hechavarría, de 30 años, fue condenado a diez años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11J en el poblado santiaguero El Caney.

El Tribunal Municipal lo declaró culpable de haber cometido ocho delitos: atentado, desacato, resistencia, evasión de presos o detenidos, desórdenes públicos, instigación a delinquir, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y propagación de epidemias.

Sobre la alimentación que reciben los presos, dijo: "Los alimentos no se pueden consumir. Mi hijo solo se come el poquito de arroz que le dan, con sopa aguada y un pescado con escamas", dijo.

Familiares de presos políticos han relatado que la alimentación es escasa, no balanceada y muchas veces contaminada. Además, aseguran, la comida que se ofrece en los penales del país se prepara en sitios antihigiénicos donde pululan insectos y roedores; sus componentes no se refrigeran y son manipulados por personal no idóneo.

"La prisión tiene goteras y los presos se mojan cuando llueve. En el salón de visitas no se puede estar cuando llueve", aseguró Hechavarría Castellanos.

La mayoría de las cárceles cubanas se encuentran en mal estado constructivo. Las instalaciones y los servicios son inadecuados y están lejos de cumplir con las normas y directrices establecidas nacional e internacionalmente. Sus celdas o destacamentos son insuficientes en relación con la cantidad de detenidos alojados en ellos.

"Hay muchas personas encarceladas, por lo menos en el destacamento donde está mi hijo, el destacamento tres. Lo noto cuando toca la visita, que hay tantos presos en el local para el público que tienen que sentarse en los bancos casi uno al lado del otro", dijo la madre.

Aunque el régimen cubano no ofrece datos sobre la cantidad de presos, y el grado de hacinamiento, las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan a Cuba como el país con mayor proporción de presos en la región del Caribe.

"La cárcel está llena de chinches y no dejan entrar ningún producto para combatirlas. Incluso, en la última visita no me dejaron entrar ni hipoclorito que se usa para higienizar el agua", señaló.

"El agua que consumen los reclusos es sucia porque tienen que tomarla de una cisterna que es llenada con agua de pipa. Entonces, cuando al preso le toca, recoge el agua metiendo las vasijas en el tanque y esa agua la almacena cada uno en la celda para beber y bañarse", explicó.

En Cuba, con una crisis económica y estructural que se agiganta cada día, la prioridad no son precisamente las prisiones superpobladas y carentes de recursos. El diario oficial Granma ha justificado que "las reformas y mejoras al sistema carcelario se han impulsado en el contexto de los limitados recursos disponibles".