En las dictaduras se vota, pero no se elige. Este es quizá uno de los primeros descubrimientos que los lectores no familiarizados hacen cuando se aproximan a una elección bajo condiciones autocráticas.
Los resultados de las elecciones en Rusia, Corea del Norte, China o Cuba se conocen de antemano. Eso las diferencia de las elecciones democráticas, en las que hay certidumbre en los procedimientos e incertidumbre en los resultados.
Aunque el poder no está en juego, las dictaduras construyen su propia institucionalidad electoral: organizaciones subordinadas a la elite gobernante que tienen el papel de darle un aura de legitimidad a lo que el partido/líder ya decidió de antemano.
La Constitución cubana de 2019 le dio carácter permanente al Consejo Electoral Nacional (CEN). En su quinto aniversario, Transparencia Electoral ha publicado un informe que revela cómo este órgano, en lugar de asegurar procesos electorales libres y justos, perpetúa la hegemonía del Partido Comunista de Cuba (PCC).
A través del control del CEN, el PCC asegura su dominación. La prohibición constitucional de una oposición política legalizada, la represión de voces disidentes y la manipulación de los procesos electorales son tácticas que garantizan que el PCC mantenga su poder. El CEN, lejos de ser un órgano democrático, actúa como una extensión del partido, perpetuando un sistema autocrático que pretende disfrazarse de democracia.
En primer lugar, desde su misma constitución el CEN no es una entidad independiente. Sus directivos son designados por el presidente de la República y primer secretario del PCC, y ratificados por una Asamblea Nacional controlada por el partido único. Este proceso asegura que los miembros del CEN estén subordinados al régimen, eliminando cualquier atisbo de imparcialidad o independencia en la supervisión electoral.
En cuanto a su funcionamiento operativo, a diferencia de un órgano electoral de un régimen democrático, en el CEN no se hacen auditorías independientes y la información es manejada de manera opaca. La sociedad civil independiente, que ya está de por sí criminalizada por el solo hecho de pretender existir, tiene una participación nula como auditora en las distintas fases del proceso electoral.
A pesar de ser un órgano prácticamente decorativo, la gestión del CEN ha sido notablemente ineficaz para sus propios parámetros. Incumple la normativa y plazos del cronograma electoral de acuerdo a lo que establece la ley. Los procesos electorales, más allá de no ser competitivos, no se publicitan adecuadamente. Las elecciones complementarias de delegados municipales que se han celebrado a lo largo del primer semestre de este año son la prueba: las personas se enteraban el mismo día de la jornada electoral, y no hay datos públicos de los municipios en los que se realizan o las razones por las que tantos delegados municipales no siguen en sus cargos.
En materia comunicacional, el panorama no mejora. El CEN utiliza sus redes sociales para difundir propaganda gubernamental. Es común ver posteos celebrando efemérides del PCC o apoyando campañas comunicacionales del Gobierno, algo que en un país democrático sería escandaloso. En cuanto a su página web, habitualmente no funciona. Y cuando lo hace, no cuenta con información sobre la composición de los consejos electorales nacional, provinciales y municipales, no tiene los resultados desagregados de los procesos electorales, ni cuenta con algún mecanismo para recibir inquietudes de la ciudadanía.
En su corta vida, el CEN ha organizado cuatro procesos electorales: el referendo del Código de las Familias (2022), las elecciones a delegados municipales (2022), las elecciones de la Asamblea Nacional (2023) y más de un centenar de elecciones municipales complementarias o extraordinarias para cubrir las vacancias de delegados municipales.
En el referendo el órgano electoral hizo campaña a favor de la opción de la aprobación, algo inaudito en un país democrático. En las elecciones municipales de 2022, se encargó de dejar fuera de competencia a cualquiera que pretendiera ser candidato por fuera del PCC, así tuviera el apoyo de su comunidad. En las elecciones de 2023 su trabajo fue fácil, porque había 470 candidatos para 470 cargos, de manera que los cubanos podían votar, pero no elegir. Y la opacidad con la que se han manejado las elecciones extraordinarias que se han celebrado este año ha sido tal que prácticamente es cuestión de fe que efectivamente se hayan realizado.
Transparencia Electoral ha propuesto diez medidas esenciales para una transición hacia un sistema democrático en Cuba. Estas incluyen la independencia del CEN, la legalización de la oposición política, y la implementación de auditorías independientes. Solo mediante estas reformas se podrá garantizar un proceso electoral que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo cubano.
Es crucial que los organismos internacionales presionen por estas reformas. Además de la liberación de los presos políticos y el cese a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se debe exigir que los cubanos recuperen sus derechos políticos, como los derechos a la asociación, de manifestación, y de participación en los asuntos públicos defendiendo intereses diversos.
Jesús Delgado Valery es director ejecutivo de Transparencia Electoral.
¿5 años?yo creí que hacía más tiempo.